Si bien el DANE recientemente publicó un censo poblacional del municipio de Buenaventura, dadas las discusiones alrededor del mismo y la decisión de la Corte Constitucional de 2022 respecto al daño irreparable a la comunidad afrocolombiana que causó el censo nacional del 2018 para dar cuenta de datos estadísticos, se tomarán las cifras reportadas a nivel departamental en el año 2015.

Lo del DANE fue un genocidio estadístico y colonialidad en el ser por el saber. Redujeron en un 30% a la población afrocolombiana, de acuerdo a lo evidenciado por la Corte, las encuestas poblacionales realizadas en el territorio, no incluyeron preguntas acerca del autorreconocimiento étnico además, la respuesta del DANE mostró el racismo estructural existente en las entidades estatales, explicando el error por la “dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por temas de seguridad o por negativa de los residentes censados” (Infobae, 2021) cargando la culpa de la irresponsabilidad institucional a las poblaciones negras del pacífico.

Los reportes del departamento del Valle, contabilizaban una población total para de 432.500 personas en Buenaventura, de las cuales, el 92% habitarían el casco urbano, el 51.4% serían mujeres y un 83% de la población se reconocería como afrodescendiente (ProPacífico, 2019), incluyendo en dicha categoría las identidades negras y mulatas. Así mismo, es importante mencionar la presencia de comunidades indígenas en Buenaventura se organizan principalmente en zonas rurales (Gobernación del Valle, 2023).

De acuerdo con la Alcaldía municipal, la extensión territorial de Buenaventura equivale al 30% del total del departamento del Valle de Cauca. A razón de su ubicación geoespacial y las dinámicas económicas, Buenaventura es distrito industrial portuario, biodiverso y ecoturístico. Su historia ha estado marcada por una grave afectación y manifestación de reportorios de violencia derivados del conflicto armado. En este espiral de violencias y conflictividades, las Violencias de Género tienen marcan una intensidad representativa, como la violencia sexual que las mujeres afrocolombianas padecieron en el marco del conflicto armado en Colombia.

En el informe de la Comisión de la Verdad (2022) denominado “la verdad del pueblo negro” se concentran cifras con relación a los impactos del conflicto armado y los aportes a la construcción de paz, además, se resaltan las experiencias y las resistencias de las diversas comunidades afrocolombianas del país. El informe, ofrece recomendaciones para la No Repetición, planteadas desde las víctimas y organizaciones de defensa de derechos humanos afrocolombianas, raizales y palenquearas. Este informe surge a partir de unos de los “diálogos vinculantes” citados por la Comisión de la Verdad.

De allí, se sustraen datos para dimensionar las particularidades de Buenaventura y de la violencia cursada en el territorio:

•  La población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal está presente en el 98% de los municipios de Colombia.
•  El 76% habita las regiones del Pacífico y el Caribe.
•  EL 84% de los territorios colectivos otorgados a las comunidades negras no cuentan con servicios públicos.
•  “Buenaventura tiene 9 cuencas hidrográficas, y no puede ser posible que un territorio que tiene 9 cuencas hidrográficas sufra de agua, solo tenemos agua día de por medio 3 horas. No hay fuentes de empleo, los pocos industriales que hay piden experiencia” (Nota de campo, Buenaventura, 2021)
•  De acuerdo al Registro Único de Víctimas administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, consultado en su plataforma virtual, el número de víctimas negras, raizales y palenqueras corresponde a un 15% del total de las víctimas del país.
•  Desde 1985 al 2000 se registraron 224.562 víctimas en Buenaventura, representando más del 80% de su población total.
• Esta cifra se contrasta con la reportada por la Red Nacional de Información que asegura que más del 38% de la población afrodescendiente ha sido afectada por el conflicto armado en Colombia.
•  El 33% de la población de Buenaventura que habita el área rural tiene necesidades básicas insatisfechas.
•  En Buenaventura se han documentado 14 masacres.
• Respecto al fenómeno de la desaparición forzada, la Fundación Nydia Erika Bautista, expuso un trabajo que recopiló en un informe entregado a la JEP en el que se incluyen al rededor de 60 testimonios identificando más de 150 víctimas de desaparición fozada que podrían encontrarse en el Estero San Antonio.

Hoy por hoy, a pesar del ejercicio de impulso político emprendido por organizaciones afrocolombianas y el vigor de la Ley 70 de 1993, por medio de la cual se reglamenta el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia logrando consolidar la Ley de Comunidades Negras en Colombia, su implementación ha sido una constante batalla con las entidades estatales que se niegan a disponer recursos para asegurar la materialización de lo estipulado en la normativa.

Harrinson Moreno Ramos, líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN), otro de los Grupos Peticionarios 15+1 solicitantes de la Medida Cautelar, explica que lo que hoy día es el puerto de Buenaventura antes era mangle, donde habitaban sus mayores que compraron su libertad antes del establecimiento de la ilegalidad de la esclavitud. Señala que la llegada del conflicto sucedió en los 60: “Cuando se pensó en la construcción del Puerto de Buenaventura… El desarrollo en Buenaventura usted lo puede ver dentro del puerto; fuera del puerto usted no ve desarrollo, Buenaventura es lo mismo de hace 20 años” (Nota de campo, 2020, Buenaventura).

Las Madres Por la Vida escriben en el informe entregado a la JEP sobre la desaparición forzada:
“La esperanza sigue puesta en ustedes y por eso queremos que, en el marco de su deber de administrar justicia, impulsen, articulen y proporcionen escenarios que nos permitan conocer la verdad de las investigaciones, saber el porqué desaparecen los expedientes y las evidencias, y así entender las razones de los altos niveles de impunidad y absoluta ausencia de voluntad de las instituciones para garantizar justicia en los casos de desaparición forzada en Buenaventura.”

No, no eran asesinatos, son desapariciones forzadas.

La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos, que tiene características especiales por ocasionar una violación múltiple y compleja de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación continua de derechos humanos, sostenida en el tiempo, en concordancia con el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del que Colombia hace parte.

En el caso Sentencia de 14 de noviembre de 2014 Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, sustanciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se indica que:
“Según la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos.”

Los reportes del Observatorio del Centro de Memoria Histórica indican que la violencia en Buenaventura registró una escalada a partir del año 2004, poco después de la desmovilización del Bloque Calima, que conformaba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través del proceso de Justicia y Paz.

Esta situación se concatenó con la reconfirmación de nuevas fuerzas armadas. Las identidades de los combatientes hibridaron de Autodefensas a grupos de control territorial y negocios ilícitos, conocidos como los Urabeños y La Empresa. Esta dinámica fue reafirmada por uno de los testimonios recogidos en la AtarRaya 1:

“Los actores, de los distintos actores y, digamos, la insurgencia en determinado momento de las estructuras paramilitares… Toda esta evolución, como comprender qué es lo que ocurre, digamos, porque hoy no son las de antes. Y eso tiene un montón de implicaciones: que sí reconoce el Estado que hay desaparición, sí se reconoce que esas desapariciones son forzadas en el tema de derechos de víctimas” (Atar Raya 1, 25 de mayo de 2023).

Otro relato indicaba:
“Uno no sabe qué pasa por la noche… Hasta máscaras se ponen para que no los reconozcan. Esa gente que pica no tiene alma, son diablos, diablos, diablos” (Atar Raya 1, 25 de mayo de 2023).

En Buenaventura, la magnitud del conflicto se intensificó en el período 2000 al 2007, de nuevo en un rango temporal coincidente con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y tildado por la comunidad como “los años de la locura” (CNMH, 2015), debido a las prácticas de terror instauradas para producir control, expropiación y delimitación territorial, a la vez que fragmentación del tejido social, desarticulación de procesos organizativos y de participación colectiva, y precarización de las condiciones de vida de familias y grupos sociales. Tales repertorios de violencia han ocasionado una transformación del territorio, en donde el fenómeno de la desaparición forzada se ha configurado por las condiciones geográficas propias de la costa marítima, por ejemplo, la de los Esteros o estuarios, cuyas formas naturales han facilitado el ocultamiento de los cuerpos desaparecidos, como en el Estero San Antonio, renombrado por los habitantes como “acuafosa”.

Lo del DANE fue un genocidio estadístico y colonialidad en el ser por el saber. Redujeron en un 30% a la población afrocolombiana. De acuerdo con lo evidenciado por la Corte, las encuestas poblacionales realizadas en el territorio no incluyeron preguntas acerca del autorreconocimiento étnico. Además, la respuesta del DANE mostró el racismo estructural existente en las entidades estatales, explicando el error por la “dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por temas de seguridad o por negativa de los residentes censados” (Infobae, 2021), cargando la culpa de la irresponsabilidad institucional a las poblaciones negras del Pacífico.

Los reportes del departamento del Valle contabilizaban una población total de 432.500 personas en Buenaventura, de las cuales el 92% habitarían el casco urbano, el 51.4% serían mujeres y un 83% de la población se reconocería como afrodescendiente (ProPacífico, 2019), incluyendo en dicha categoría las identidades negras y mulatas. Asimismo, es importante mencionar la presencia de comunidades indígenas en Buenaventura, que se organizan principalmente en zonas rurales (Gobernación del Valle, 2023).

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, la extensión territorial de Buenaventura equivale al 30% del total del departamento del Valle del Cauca. A razón de su ubicación geoespacial y las dinámicas económicas, Buenaventura es distrito industrial portuario, biodiverso y ecoturístico. Su historia ha estado marcada por una grave afectación y manifestación de repertorios de violencia derivados del conflicto armado. En este espiral de violencias y conflictividades, las violencias de género tienen una intensidad representativa, como la violencia sexual que las mujeres afrocolombianas padecieron en el marco del conflicto armado en Colombia.

En el informe de la Comisión de la Verdad (2022), denominado La verdad del pueblo negro, se concentran cifras con relación a los impactos del conflicto armado y los aportes a la construcción de paz. Además, se resaltan las experiencias y las resistencias de las diversas comunidades afrocolombianas del país. El informe ofrece recomendaciones para la No Repetición, planteadas desde las víctimas y organizaciones de defensa de derechos humanos afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este informe surge a partir de uno de los “diálogos vinculantes” citados por la Comisión de la Verdad.

De allí se sustraen datos para dimensionar las particularidades de Buenaventura y de la violencia cursada en el territorio:

• La población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal está presente en el 98% de los municipios de Colombia.
• El 76% habita las regiones del Pacífico y el Caribe.
• El 84% de los territorios colectivos otorgados a las comunidades negras no cuentan con servicios públicos.
• “Buenaventura tiene 9 cuencas hidrográficas, y no puede ser posible que un territorio que tiene 9 cuencas hidrográficas sufra de agua. Solo tenemos agua día de por medio, 3 horas. No hay fuentes de empleo, los pocos industriales que hay piden experiencia” (Nota de campo, Buenaventura, 2021).
• De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y consultado en su plataforma virtual, el número de víctimas negras, raizales y palenqueras corresponde a un 15% del total de las víctimas del país.
• Desde 1985 al 2000 se registraron 224.562 víctimas en Buenaventura, representando más del 80% de su población total.
• Esta cifra se contrasta con la reportada por la Red Nacional de Información, que asegura que más del 38% de la población afrodescendiente ha sido afectada por el conflicto armado en Colombia.
• El 33% de la población de Buenaventura que habita el área rural tiene necesidades básicas insatisfechas.
• En Buenaventura se han documentado 14 masacres.
• Respecto al fenómeno de la desaparición forzada, la Fundación Nydia Erika Bautista expuso un trabajo recopilado en un informe entregado a la JEP, en el que se incluyen alrededor de 60 testimonios, identificando más de 150 víctimas de desaparición forzada que podrían encontrarse en el Estero San Antonio.

“La historia de la desaparición forzada está cargada de un dolor interminable, de cuerpo, de forenses, de viajes a ninguna parte, de un duelo que no acaba porque en él está su energía. ¿Por qué ellas, tantas veces aplastadas, se levantan de nuevo cuando están vencidas? ¿Por qué este empeño en escribir? Ellas me lo han dicho muchas veces, hasta es parte de sus consignas, pero solo ahora empiezo a entenderlo. ¿Qué harías tú por mí? ¿Qué haría yo por ti si te desaparecen? Buscarte, y no dejarlo nunca, contra viento y marea, contra miedo y burocracia. Ellas tienen razón, su lucha es una forma de amor” (Beristain, 2012, p. 53).

Un nuevo lugar documentado por los tres Grupos Peticionarios de la Medida Cautelar es la Isla Pájaro, “ubicada cerca de las denominadas casas de pique” (Grupo 15+1 Peticionarios, 2021, p. 14), donde “los cuerpos desmembrados eran trasladados” (Nota de Campo, Bogotá, 2021). Según declara Ever Veloza, alias HH, “mató a miles de personas y las sepultó en las raíces de los mangles” (Nota de Campo, Bogotá, 2021). Según relatan los peticionarios, fue tan masiva la victimización y utilización del Estero San Antonio en la práctica de desaparición forzada e inhumaciones clandestinas, que este islote pasó de ser llamado Isla Pájaro a llamarse Isla Calavera. Con la creación de estos lugares, la dinámica del conflicto produjo una desterritorialización de los espacios simbólicos y ancestrales para la realización de los ritos fúnebres y despedida de los muertos, alterando la relación entre la vida y la muerte y la cultura del duelo afro.

Sería interesante explicar la relación entre la vida y la muerte de las comunidades afrodescendientes de allí y los rituales, aunque sea en una línea.

Ante esta situación, el despliegue de fuerzas de seguridad estatal aumentó, como quedó clarificado durante la Audiencia celebrada en Cali al margen de la Medida Cautelar. Sin embargo, este aumento no significó una protección para Buenaventura. Por el contrario, el proceso de militarización denominado “Operación Orión”, que desplegó sus fuerzas en el año 2008 en Buenaventura, condujo a un aumento en la violación a los derechos humanos de sus comunidades.

Esta situación incluso fue alertada por la Defensoría del Pueblo (2015), considerando un número de 178 homicidios cometidos en las casas de pique. El ámbito privado se desfigura.

Una casa es una estructura de protección ante las condiciones climáticas. En Buenaventura, el ambiente permitía y ocasionaba conformar cadenas de estructuras de puertas abiertas, interconectadas. La idea de casa en Buenaventura se asocia al cambio en las relaciones sociales que la hegemonía estatal extiende en el territorio bajo la idea del desarrollo. Para las personas que integran los Grupos Peticionarios, la palabra casa no existe; el territorio la reemplaza, el territorio ganado al mar, aún mejor, porque retrotrae sus memorias a las victorias de sus antepasados durante la época colonial.

Las casas de pique asesinan este hábitat en extensión: en familia extensa. Las casas de pique son dinámicas de terror instauradas por los sujetos armados, quienes se apropian de cubículos, cerrándolos, impidiendo su entrada con el impacto de su presencia o por los gritos que los pobladores escuchan salir de esos lugares de zozobra.

El terror fue desmembrando los procesos comunitarios, porque la estrategia de la guerra inyecta miedo para evitar la propagación de manifestaciones en su contra, que resuenan entre más voces que se alcen en su contra. Al desmembrar los cuerpos de las víctimas, los actores armados desmiembran los lazos comunitarios e instauran un nuevo habitar: un “estar adentro”. El magistrado Salazar reflexiona al respecto:
“El caso de Buenaventura, lo aterrador es que lo que se constata en los múltiples testimonios que hemos tomado en el marco de las medidas a las víctimas es que además de la desaparición, de la enormidad de la desaparición, las víctimas eran conducidas previamente a las casas de pique. Y, a pesar de que las casas de pique suenan aquí y allá, lo increíble es que en una ciudad como Buenaventura, desde hace 20 años haya casas de pique, que a la gente se le lleve allá, se le torture y se dispongan los cuerpos. Y que los lugares de las casas de pique sean conocidos y entonces uno dice cómo es posible que haya una institucionalidad que no intervenga” (Salazar, G., 2023).

El adentro facilita la movilización en el territorio, apropiándolo para las prácticas de economías ilícitas y para evitar la práctica comunitaria, cultural y ancestral. La exclusión de las personas negras y afrodescendientes transita a una colonialidad de poder por parte de los actores armados que tienen clara la exclusión social y la ausencia de protección estatal en el distrito o la cooptación de las instituciones estatales, como quedó relatado por los exparamilitares con confesiones en Justicia y Paz que han aceptado ser autores del crimen de desaparición forzada en Buenaventura:

“Cuando se muere un ser querido, tú tienes la tranquilidad de que puedes enterrarla; te duele, pero tienes la tranquilidad de que lo puedes visitar, de que lo enterraste, de que le hiciste el acompañamiento. Pero cuando eso no pasa, eso es algo que cada día que duermes y despiertas te levantas con la esperanza de que va a llegar, de que va a tocar a la puerta. Cuando ves que eso no sucede, se profundiza y se agranda más el dolor de la ausencia” (Nota de campo, Bogotá, 2020).

Recuerdo una narración que una de las víctimas me contaba en junio de 2021:

“El conflicto ha deteriorado primero, la confianza, pues antes eran familia extensa, entre todos se cuidaban y reprendían a los pelao’s. Ahora va a ser muy difícil y, de paso, el respeto… ya no se reconocen entre sí como familia, sino solo los padres. Eso es un ataque a la cultura y a las formas tradicionales” (Nota de campo, Cali, 2021).

El hecho de desmembrar a las víctimas se ancla con la negación de la humanidad que, durante la colonización, justificó el sometimiento de las personas negras y africanas en la esclavitud. El hecho de desmembrar a las víctimas constituye una negación de su humanidad al cerrar el ciclo de su vida e impedir las prácticas culturales y ancestrales. La desmembración es una colonialidad del ser negro en Buenaventura.

Diego Portocarrero, del Grupo Peticionario 15+1, da cuenta de una verdad judicial con connotación especial en Buenaventura. Los repertorios de la violencia son estrategias de los actores armados para torpedear las prácticas espirituales, pues, como se ha dicho, el pueblo negro de Buenaventura es desde su espiritualidad, ya que esta le permite resistir:
“Nosotros consideramos que el conflicto ha generado una ruptura en nuestros territorios y no nos permite ejercer la espiritualidad como tiene que ser. Consideramos que la espiritualidad, cuando un actor llega a nuestro territorio, es la primera acción que hace: romper nuestras conexiones espirituales, porque las conexiones espirituales son las que nos permiten ser comunidad, fortalecernos y generar acciones políticas para defendernos como pueblo negro, hacer justicia… Una vez llegan, atacan y conocen cómo nosotros concebimos la vida y el mundo, pueden rompernos, pueden destruirnos. En ese sentido, es importante no tomar el tema espiritual como un tema ritual, sino como un instrumento fundamental para fortalecer las existencias y las permanencias de los pueblos negros” (JEP, 2024).

Durante la incursión paramilitar en Buenaventura y de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron 23 desapariciones anuales. Luego de la negociación con los paramilitares y su desmovilización, la cifra aumentó a 39 personas por año (CNMH, 2015, p. 298).

El método de impactar con masacres el territorio de Buenaventura ocasionó una nueva dinámica para acelerar los ritos fúnebres. Al obligar al confinamiento de los pobladores, los cuerpos de las víctimas quedaban sin dolientes, y la intervención del Estado conducía a sustituir las prácticas ancestrales por gestiones judiciales, esto en el menos traumático de los casos. Cuando no sucedía de este modo, los actores armados creaban cementerios clandestinos, “desterritorializando los espacios simbólicos” (CNMH, 2015, p. 311) y aniquilando el procesamiento del duelo.

El comisionado de la Comisión de la Verdad, Beristain (2012), escribía antes de ocupar ese rol lo siguiente:
“Buenaventura. En las comunidades negras del Pacífico, el alma pena cuando no se encuentra el cuerpo, y se queda dando vueltas en su quejido que llega hasta las pesadillas y el viento. Tantas almas separadas de sus cuerpos gritan su tristeza, llamándolos, buscándolos, queriéndolos, aunque se hayan quedado en los huesos, para juntar lo que nunca tuvo que separarse de la vida” (Beristain, 2021, p. 93).

Al referirse a la desaparición forzada en Buenaventura, Luz Dary enunció un poderoso discurso en agosto de 2021, en el marco de una de las mesas técnicas. Luz Dary exclamaba:
“Buenaventura, el puerto principal de Colombia, habitado por personas de raza negra, alegres, trabajadoras, de familias humildes y campesinas, pescadores y mineros, quienes han sufrido el flagelo de la guerra y el sufrimiento incesante de la desaparición forzada.

La ansiedad, la inseguridad y la angustia han rondado a las familias que habitan esta bella bahía. La indiferencia de los organismos de búsqueda, la falta de compromiso del gobierno estatal y local hacen que la desaparición forzada sea una pesadilla que no acaba. Ver cómo madres y familias enteras no duermen, cómo esperan la vuelta de su ser querido, cómo la tristeza y la incertidumbre les acompañan en las noches, cómo la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos con vida se hace pequeña, hace más dolorosa la vida en nuestra ciudad.

Buenaventura es el municipio donde más personas desaparecen, donde no se puede denunciar ni defender a un familiar, donde no se puede tener un negocio propio ni un trabajo estable, lo que deja el camino despejado para que reinen los grupos armados que cobran por tener privilegio alguno.

La desaparición es un delito silencioso, opacado por los asesinatos; es un duelo sin cuerpo, un silencio sin respuesta, un dolor que solo conoce quien lo ha sufrido. Es por ello que Madres Por La Vida trabaja por la reconstrucción del tejido social y la memoria de la historia del conflicto armado que aún no termina en Buenaventura. Ante la falta de acciones de búsqueda por parte de las instituciones, las amenazas y las intimidaciones, caminamos a pesar del miedo que habita las calles de Buenaventura. Por ello buscamos, como organización, que las personas sepan qué hacer cuando se vean enfrentadas a este sufrimiento, que tengan herramientas para no ser revictimizadas por el Estado.

Buenaventura se resiste a no encontrar a sus desaparecidos. Buenaventura desea y espera que regresen como se los llevaron, como fueron vistos por última vez. Buenaventura lucha por la igualdad y grita para que sea escuchada, para menguar la violencia y la guerra en la que está amarrada.

Como vocera de Madres Por La Vida, me rehúso, junto a mis compañeras, a guardar silencio y a sufrir sin ser escuchadas. Es por nuestros desaparecidos que tenemos nuestro camino; es por nuestra comunidad que habla, cuenta y expresa sus dolores, denunciando la atrocidad en la que esta guerra, que no es nuestra, nos ha metido” (FNEB, 2021).

En línea con el pronunciamiento de la JEP, publicado de manera previa a la audiencia de Medidas Cautelares, en Buenaventura al menos 779 personas fueron desaparecidas forzadamente. Luego, en rueda de prensa, la magistratura indicó que, “según trabajo de cruce de información de diferentes bases de datos aportadas por instituciones como la UARIV, el CNMH, la FGN y el INML, la JEP constata un número de 1,725 víctimas directas de desaparición forzada. Al respecto, se aclara que la realidad del Puerto ha generado un subregistro en la cifra, esto como consecuencia de las dinámicas de control, disputa territorial y prácticas de terror, ocasionando a su vez una ‘ley del silencio’ que impide a las víctimas denunciar por temor a retaliaciones de los agentes perpetradores” (JEP, 2021).

Este es uno de los principales retos de las instituciones estatales, develado gracias al trabajo de incidencia de víctimas y organizaciones sociales: el hecho de no contar con universos claros de desaparecidos. En tal sentido, el magistrado Salazar, en el programa “Un Café con la JEP”, expresó:
“Es muy difícil sustraerse de la toma de una medida cautelar o del estudio de una medida cautelar por desaparición forzada sin saber quién es el desaparecido y decir ‘este cuerpo sí, este cuerpo no’. Esto sencillamente no es razonable ni viable en términos humanitarios” (Salazar, 2023).

Leyda Moreno Moreno, víctima, mujernegra (Lozano, R., 2019) —se escriben seguidas las categorías en alusión a la propuesta de Betty Ruth Lozano Lerma— sintetiza lo explicado en este capítulo:
“Entendiendo que no puede haber justicia sin verdad, el derecho a la verdad para los casos de las desapariciones forzadas resulta uno de los más importantes. En este sentido… esperamos, para cada uno de nuestros casos, que se generen dinámicas que permitan dar una respuesta de por qué, cómo y quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada en Buenaventura… Identificar contextos que evidencien prácticas sistemáticas, patrones de conducta y modos aprendidos alrededor de las desapariciones forzadas ocurridas en Buenaventura, con hechos contados y construidos desde las voces de la familia, de nosotras las víctimas y la población que sufrió, que sufrimos y seguimos sufriendo la barbarie del conflicto y la desaparición forzada, que lamentablemente sigue siendo el pan de cada día en Buenaventura. La desaparición no cesa” (FNEB, 2021).