Mi primera referencia en la negociación que tuve que facilitar con las Organizaciones Peticionarias de la Medida Cautelar fue la magistrada auxiliar Ana Cristina Portilla. De Ana guardo un especial cariño por enseñarme que la sororidad no implica el arrebato de la agencia.

Recuerdo particularmente un suceso cuando Ana llamó mi atención por haber asumido “oficios personales que no te corresponde resolver”. Se refería al trabajo de realizar el registro de vuelos aéreos de las víctimas que se trasladaban de Buenaventura a Bogotá para asistir a las diligencias citadas por la JEP. Ana expresó una frase que cambió mi percepción del acompañamiento al proceso: “Ellas son lideresas en Buenaventura, ¿crees que les va a quedar grande aprender por su cuenta a hacer un registro? Con esto, más que ayudar, invalidas sus capacidades”. Ana ha trabajado por más de 15 años en la defensa de los derechos humanos, siempre desde organizaciones sociales. En la JEP era la primera vez que se vinculaba con el Estado.

Creo particularmente que, gracias a Ana, la construcción de confianza en el proceso de la Medida Cautelar fue una labor más sencilla. Ana es la primera mujer no afrodescendiente que referencio en la intermediación entre las víctimas y el Estado. Con Paloma Camelo compartíamos las labores en el marco de la Medida Cautelar en el Estero. En la Universidad Javeriana fui monitora de una clase a la que asistía Paloma durante sus estudios de pregrado. Paloma es la segunda mujer no afrodescendiente que referencio en el proceso.

A ellas se suma Yaneth Bautista, la directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, Organización Peticionaria de la Medida Cautelar al Estero San Antonio. La hazaña con la que asocio a la directora Yaneth en mi memoria se relaciona con su coraje para lograr lo que el Estado no pudo: encontrar a su hermana Nydia Erika Bautista, quien fue desaparecida forzadamente.

Recientemente, pude seguir por los medios de comunicación nacionales que Yaneth y todas las mujeres con las que comparte la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, centralizada en la Fundación Nydia Erika Bautista, entre ellas las “patidescalzas” y las “Madres por la Vida de Buenaventura”, lograron la aprobación del Congreso de la República de la Ley de Protección a las Buscadoras:

“Parida por 8 territorios que […] después de entregar 8 informes a la Comisión de la Verdad nos quedó el sinsabor de los delitos que habían sido cometidos contra las mujeres que buscamos a las víctimas de desaparición forzada […] y que todos están en la impunidad. A partir de allí, nos preguntamos por un común denominador, de las quejas, de las denuncias, de ese sinsabor que es: a mí me pasó esto, a mí me violaron, a mí me torturaron, a mí me quitaron a mi pequeño hijo por estar buscando a su hermano, se lo llevaron para la guerrilla, para los paramilitares. Nos dijimos: ¿qué hacemos con esto? Y la respuesta fue: convirtámoslo en derechos”. (Bautista, 2024).

Estas palabras las pronunció la directora Yaneth a la periodista Ana Cristina Restrepo. Las dos son mujeres no afrodescendientes que trabajan por exigir acciones y visibilizar el crimen de la desaparición forzada. También la hija de la directora Yaneth, la abogada Andrea Torres, es otra de las voces del proceso, quien en otra entrevista afirma:

“Tengo el recuerdo desde que era muy pequeñita, desde que desapareció Nydia Erika Bautista. Yo tenía nueve años, de mi mamá perseguida todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Durante toda la historia de mi vida he visto que la persiguen y que intentan hacerle daño porque ella solamente está preguntando por qué se llevaron a Nydia Erika, quién se la llevó y que los sancionen, que los castiguen” (Torres, 2015).

Andrea, mujer de talante, exigió y veló por la transversalización del enfoque psicosocial, de género y territorial en el marco de la Medida Cautelar.

A las mujeres citadas se suma Diana Arango, la directora de Equitas durante el período de esta investiracción, quien afirma:

“La paz sostenible y duradera se construye sobre la garantía y el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y eso incluye a las víctimas y a los familiares de las víctimas de desaparición […] Para la posibilidad de una reconciliación, los familiares de las víctimas tienen que saber qué pasó con sus seres queridos, saber que el Estado está buscándolos, que los va a recuperar y que los va a entregar en condiciones dignas. Necesitamos cerrar el ciclo de incertidumbre a los familiares” (Arango, 2018).

Equitas es un centro de investigación y trabajo forense que ha brindado conceptos y diagnósticos técnicos a la JEP en el marco de las medidas cautelares en terrenos asociados a la desaparición forzada. El equipo de trabajo de Equitas está conformado en un 90 % por mujeres, entre ellas Ginna Camacho, quien se encargó de exponer en distintas audiencias los resultados del trabajo de geolocalización y las perspectivas de búsqueda de los desaparecidos en distintos territorios donde la JEP ha decretado medidas cautelares.

Del mismo modo, en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la dirección durante el período de la investiracción estuvo a cargo de Luz Marina Monzón, y la subdirección en manos de la profesional Lina Ramos, hoy vinculada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “El satélite” para el Pacífico Medio estaba a cargo de Inés Raquejo, y la coordinación de participación en Cali era liderada por María Victoria Rodríguez. La dirección de la UBPD es liderada por mujeres.

Por supuesto, Martha Giraldo del MOVICE y Marcela Giraldo, quien en su momento era miembro de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana (CEPAC) en Buenaventura, son portavoces claves en el proceso de la Medida Cautelar en el Estero San Antonio. Como relata Marcela:

“Ya teníamos la experiencia sobre la presentación de las medidas cautelares. Buenaventura era uno de los lugares donde queríamos presentarla, pero finalmente nosotros, digamos, que con esa visión y con las demás organizaciones, porque no somos las únicas, presentamos el recurso” (UBPD, 2021).

Cuando Martha mencionó este antecedente durante la Atar Raya 1, enlacé con el trabajo de Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad. Adriana ha sido la vocera y representante jurídica de las medidas cautelares en 17 lugares del territorio colombiano, solicitadas a la JEP en el año 2018. Este proceso, sin precedentes, estableció la solicitud de las víctimas de proteger lugares que las políticas de desarrollo intervienen, sin tener en cuenta las denuncias sobre la presencia de cuerpos de desaparecidos forzadamente en esos terrenos. Las directoras Adriana y Yaneth son víctimas. Adriana perdió a sus hermanos en la guerra, Yaneth a su hermana. Adriana cuenta:

“Me la paso investigando. Yo documento todos los casos [crímenes de Estado], menos los de mis hermanos […]. Ella es el alma y cerebro detrás de las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)” (Arboleda, 2022).

Al proceso de medidas cautelares en la JEP se suman más liderazgos y voces de mujeres, como la abogada María Victoria Fallón, quien logró el encuentro de Arles Edison Guzmán. La abogada subrayó durante una audiencia en la JEP:

“La Policía indagó sobre los hechos y se retiró, como si la retención y la desaparición de una persona fuera una infracción menor y no un grave delito que no requiere de querella para ser investigado. Si un funcionario se entera de un delito de lesa humanidad, tiene la obligación de reportarlo para que el mismo se investigue” (Fallón, 2023).

La desaparición forzada es la representación encarnada de la heteronormatividad presente en las dinámicas guerreristas del conflicto armado. En Buenaventura, los hombres, especialmente los jóvenes, enfilan y elevan las cifras de la desaparición forzada. La búsqueda de los desaparecidos simboliza la sororidad entre mujeres. El género permite reconfigurar el mito fundacional de la construcción de la nación en Buenaventura: que inicia con la instalación del puerto, asociado al desarrollo nacional, lo cual trajo consigo la violencia en un territorio que vivía en paz, conocido como remanso de tranquilidad y donde la presencia estatal fue invisible por mucho tiempo.

La violencia trajo consigo fenómenos como la desaparición forzada, implementada como táctica de terror que facilitaba la cooptación de terrenos, ajusticiamientos, represalias entre grupos ilegales o como forma de represión.

Sin embargo, la fundación de Buenaventura dentro de la historia de desarrollo de la nación colombiana, que en el territorio significó la llegada de la guerra, favoreció la constitución de una comunidad de búsqueda en Buenaventura. Esta comunidad se moviliza desde diferencias de raza y clase entre las mujeres buscadoras, originando una juntanza de saberes, conocimiento y experiencias vitales para apelar por la verdad, la justicia y la reparación. Así, la compasión de las buscadoras reconfigura “la narrativa de la nación” (Hall, S. 2010, p. 393).

La directora Yaneth Bautista, con relación a esta evidente necesidad de formular la búsqueda aplicando un enfoque de género, reclamó a la magistratura en una de las diligencias:

“La reparación en Buenaventura, además de un enfoque espiritual, debe prospectarse desde un enfoque de género, desde un reconocimiento en la justicia transicional de la existencia de vulneraciones en el camino de la búsqueda sobre mujeres buscadoras. Es prioritario abordarla. La justicia transicional en la JEP debe reconocer que, durante cuatro décadas, las mujeres hemos llevado en nuestras espaldas la búsqueda de los desaparecidos, la lucha contra la impunidad y el olvido. Una carga que le corresponde al Estado y es por eso preciso y prioritario que reconozca y aborde en los escenarios ese camino de la búsqueda y lo que sufrieron las mujeres: las peores vejaciones por razones de su género y por su racialización. Ya por presentarse ante los victimarios, en los territorios de control, en los campamentos, en las brigadas, en las estaciones de Policía, para esclarecer la verdad. Eso no puede quedar en la impunidad. Eso es lo que hemos puesto en la ley de mujeres buscadoras. ¿Qué va a hacer la JEP con esto que le ha pasado a las mujeres en Buenaventura durante 40 años? ¿Qué va a hacer con la violencia sexual, los desplazamientos forzados, las violaciones contra ellas? ¿Eso se va a quedar en la impunidad? ¿Va a haber algún tipo de reconocimiento? Y, si lo hay, ¿cómo se van a tratar las medidas de protección para la búsqueda? Una cosa es lo del pasado, que no puede quedar tan en el pasado. No creemos que sea una tarea de la JEP dejarlas en el olvido, sino traerlas acá” (JEP, 2024).

El relato de una de las Madres Buscadoras del Grupo 15+1 refleja la desesperación descrita por la directora Yaneth:

“Yo declaré ante Personería, Fiscalía y no hemos recibido ayuda. Nosotros al comienzo fuimos a la prensa, a la emisora, y cuando fuimos a denunciar a la Fiscalía, a la semana de hacer todo eso, comenzaron las amenazas. Llamaron a mi esposo, nos dijeron que teníamos 24 horas para salir de Buenaventura. Habíamos puesto la demanda, les habíamos dado las coordenadas, pero no recibimos respuesta de su búsqueda. Fuimos a la Cruz Roja Internacional; fueron ellos quienes nos ayudaron a salir en una madrugada. De ahí salimos rumbo a poner el caso a Personería, fuimos a la Secretaría de Educación. Luego de ser desplazados, metimos a los niños al colegio, pero los niños perdieron el año. El niño pequeño presentó ausentismo; la niña, violencia. Tuvimos que ser sometidos a tratamiento psicológico, ellos y yo” (Nota de campo, 2022, Bogotá).