En ese trasegar, desboqué mi pensamiento al carril del otro, otro-s muerto-s, otredades ausentes, dispersas en siglas, en cifras. He recreado sus vitales modos de vida a través de los relatos narrados por parte de la familia extensa de Buenaventura. Me pregunto si, ¿tal relacionamiento configura un estar en común con el sujeto ausente? La respuesta es tajante: NO, hace falta más, en el verbo NO reposa la carne.

Durante ese período laboral, pude evidenciar la estrategia a través de la cual las víctimas y las organizaciones acompañantes lograron posicionar un procedimiento jurídico preventivo y provisional, para darle unos alcances sin precedentes en la jurisprudencia transicional colombiana: declarar medidas cautelares de protección en lugares donde, según investigaciones y denuncias, reposan los cuerpos de personas desaparecidas forzadamente en el marco de la guerra que sacudió al país, intensificada en diferentes períodos y hoy en tránsito a una de las paces a la luz del Acuerdo de Paz del 2016, negociado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, FARC-EP.

Este proceso es una de las paces de otras múltiples paces que hacen falta negociar en Colombia. Por lo tanto, aunque las FARC-EP hoy hayan transformado su actuar e identidad a un partido político de civiles, hoy día siguen sacudiendo al país otras confrontaciones armadas por cooptación de terrenos y economías. La violencia no cesa, al contrario, se concentra y recrudece en zonas rurales.

Una medida cautelar en la justicia ordinaria es un proceso accesorio, paralelo a un trámite mayor. Las medidas cautelares las decretan los jueces para proteger personas, bienes, inmuebles u otras materias que se encuentran en riesgo de sufrir afectaciones o daños en el curso de un proceso judicial, y por ello, con el objetivo de asegurar la efectividad de la sentencia, el juez imparte una orden para impedir cualquier intervención a esa materia que está siendo disputada, pretendiendo que mediante la orden se asegure la integralidad del objeto en disputa hasta la publicación de decisión: su sentencia.

Al haber trabajado en función de diversas medidas cautelares en territorios donde pueden encontrarse cuerpos de personas desaparecidas forzadamente, sé de antemano las implicaciones que ha supuesto la confrontación del conocimiento forense, antropológico y jurídico a razón de la imbricación de los 3 componentes del Sistema Integral para la Paz. Estos son: 1) la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), 2) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), y 3) la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El devenir laboral, en ocasiones desbordante, alojó palabras en mí que navegan mi corporeidad. Los testimonios y las dinámicas de las víctimas resuenan en mi ser y sensibilizan mis fibras. La temporalidad, los límites y los obstáculos que plantean las interlocuciones burocráticas sacudieron mis preconcepciones respecto al funcionamiento de la justicia. Estos flujos me han dejado rastros, rostros, me han desplazado a objeto, a interfaz, a soporte de trazos, a hoja de representación de nociones fonéticas y gestuales.

Por esta experiencia, cuando pensé en esta tesis, quise recrear la palabra investigación y denominar este trabajo colectivo: investiracción. Adopté la palabra investir para enaltecer los esfuerzos y remarcar la dignidad con la que las víctimas y organizaciones sociales emprenden la búsqueda de los desaparecidos, su acción.

Mi trabajo en la JEP y mi labor con las medidas cautelares la viví como una transmutación: servir de canal entre la Jurisdicción, las entidades del Estado, las víctimas y los comparecientes; es decir, ser un eje articulador entre las pretensiones de cada instancia, negociar y mediar.

A esas voluntades burocráticas, tensiones políticas y disputas epistémicas propias de las instituciones, se contrapusieron las experiencias, los saberes propios y los capitales culturales de la comunidad que, en el caso de Buenaventura, jalonan los procesos jurídicos desde su `sed de búsqueda´ para encontrar a los desaparecidos que reposan en el Estero San Antonio, tal como lo prueban sus indagaciones, las experiencias de violencia que vivieron y, de acuerdo con las declaraciones de los autores del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada, quienes han manifestado que, efectivamente, arrojaban cuerpos en el Estero.

Mediante audiencias públicas, cartografías participativas, mesas técnicas, llamamientos, círculos de saber, sanaciones al territorio, entre otras diligencias, quedaron al descubierto inoperancias, dádivas, negligencias, intereses, voluntades y vacíos del Estado frente a la esperanza de encuentro que aguarda en las familias de los desaparecidos en Buenaventura.

Esta investiracción se trata de un análisis acerca de la Medida Cautelar solicitada para el Estero San Antonio. Me propuse indagar con estos escritos la interacción entre poder y saber bajo las condiciones políticas, cientificistas, experienciales y emotivas en las que ha transcurrido el trámite jurídico, en el sentido de identificar la capacidad de incidencia de los saberes y de los repertorios culturales de la comunidad en la conformación de las acciones judiciales gestadas en la JEP.

Con la elaboración de los escritos de la investiracción comprendí que la búsqueda no es personal, es un llamado ético a repensar los valores de la humanidad. Es estatal, en tanto involucra una red de instituciones con el mandato constitucional de asumir, bien sea la tarea de la búsqueda o la mitigación del fenómeno de desaparición forzada. En Buenaventura el transcurrir buscando es ancestral, pues en el-o o-culto se enraíza la resistencia del pueblo negro. Es organizativo y teje `lazos de solidaridad´ que se extienden para proteger la identidad de quien busca y así salvaguardar su vida, amenazada por los perpetradores del crimen, en su mayoría paramilitares de ayer y de hoy, porque en Buenaventura, los actores de la violencia son y han sido los mismos, “mutan, se renombran y enmascaran” (Nota de Campo, Bogotá, mayo de 2022).

De acuerdo con las cartografías realizadas por las Organizaciones de Víctimas, que presentaron a la JEP durante la audiencia pública celebrada en diciembre del año 2021, en palabras del líder Adriel Galván (2021): “Notamos que entre 2004 y 2016 hay un número muy importante de desapariciones forzadas que contrasta con acciones de actores ilegales en el territorio. En el año 2007, en plena actuación de los grupos paramilitares, se desprende una fuerte actuación en el casco urbano. La mayoría de las desapariciones forzadas cometidas en el territorio fueron sobre hombres, el rango de edad dimensiona impacto en la juventud 18-25 años y la mayoría pertenecientes al territorio” (JEP, 2021).

Complementando, la abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista, Andrea Torres (2021), indicó en el mismo espacio judicial: “La pobreza en Buenaventura tiene matices que se remontan a la entrada de capitales y la constitución de la ciudad como un puerto. En este sentido, la construcción de un puerto en la Isla de Cascajal, a mediados del siglo XX, representó el inicio del despojo sistemático de la población colombiana que habita estos territorios, segregación social y espacial afectando a las comunidades.” (JEP, 2021).

La zona insular de Buenaventura ha sido afectada por la violencia y las graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario bajo el conflicto armado, pero también fuera de él, es decir, después de la firma de los acuerdos. Antes y durante la construcción del puerto marítimo, se reportan víctimas de desaparición forzada en este sector. Así, la población que habita la zona que hoy ocupa el puerto fue objeto de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores, violencias sexuales por parte de paramilitares, pre y post desmovilización, entre los que se encuentran Bloque Pacífico, Bloque Calima, Rastrojos, Machos, La Empresa, La Local, guerrilla de las FARC y las disidencias Frente Unido del Pacífico y agentes del Estado, actuando en convivencia, apoyo y tolerancia con todos estos grupos que han operado en la región.

El problema por indagar se centra en sistematizar escritos, narrativas, documentos, procedimientos y otros materiales, para dilucidar cuál es la capacidad de incidencia material y efectiva de la experticia técnica, los saberes locales y la sabiduría ancestral, que los Grupos Peticionarios y las mujeres buscadoras afrodescendientes de Buenaventura, han desarrollado de cara a la interlocución institucional frente a la JEP y especialmente en relación con los procesos técnicos y científicos utilizados por las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creados con el propósito de responder a la obligación estatal de buscar a las personas desaparecidas forzadamente.

Aunque el trámite judicial continúa en desarrollo, el alcance de esta investiracción está delimitado entre diciembre del año 2020, año en el que la magistratura aprueba abrir un proceso de avocar conocimiento de la Medida Cautelar en el Estero San Antonio hasta diciembre del año 2022, fecha en la que me desvinculé profesionalmente de la JEP.